En el 2012 vino el primer aviso. Gustavo Petro, a la guisa Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá, anunció un día antes del inicio de la tradicional temporada taurina que era su intención erradicar la cultura del toro en la capital de la república. Meses después, y luego de una penosa pantomima en la que presumió "oír" a los aficionados capitalinos, hizo saber su decisión de cerrar la Plaza de Toros de Santamaría para cualquier espectáculo taurino, destinando dicha edificación para la poesía. Por fortuna esta última idea no llegó a prosperar, pues implicaba obligar a los estudiantes de los colegios públicos a desfilar bajo el sol para oír la poesía de cualquier degenerado progresista que supiera escribir en líneas chiquitas sus ripios de alabanza al alcalde. No. Para los menesteres poéticos en Bogotá, huelga recordar que ya existe la Casa de Poesía Silva, y que los amantes de esta expresión hemos huido de allí, porque la alcaldía de Petro es una fuga constante. Como los artistas huyeron de Idartes tras ser previamente excluidos de la Galería Santa Fe. Como los propios escuderos políticos de Petro han huido de su larga sombra. Como sus propias promesas electorales, volatilizadas rápidamente por la asunción de un gobierno altamente demagógico y cositero, lo de Petro es constante huida.
Pero íbamos hacia el segundo aviso: violar la Constitución y la Ley 916, cerrando una plaza de primera, evitando la propagación de la cultura taurina en Bogotá, vigente desde su fundación en el año de 1538. De forma unilateral, y viciando conceptos de la Corte Constitucional, el alcalde se dedicó a destinar los medios públicos para explicar su decisión, a efectos de un falso animalismo que no alcanza a tocar sus intereses familiares: Emilio Alcocer conserva una relación estrecha con las riñas de gallos en Bogotá, y a estas ni siquiera se les ofende con protestas animalistas. Emilio Alcocer, como no podía sospecharse, es el suegro del alcalde Petro. Esta asimetría se explica sola. Volviendo, tiempo después la Corte Constitucional glosó al alcalde en una nueva sentencia (c-889/12), cuyas claves jurídicas revelan varios puntos importantes: ninguna autoridad local tiene la potestad de impedir las corridas de toros, siempre y cuando los organizadores del festejo cumplan con los requisitos de ley. Las plazas de toros de primera categoría, cuentan con una destinación única: los toros. Y esto venía a ratificar lo contenido en sentencias precedentes (C-666/10) y una Ley de la República (Ley 916-04), que también limitan la potestad del alcalde para exigir la transformación del espectáculo, prohibir, entorpecer la realización de festejos taurinos o desechar el patrimonio cultural de la nación. Sentencias, Leyes: una bicoca.
A Petro no le importó pasar por encima de la ley para respaldar su discurso intolerante. Quiso obligarnos a los taurinos a violar la Ley 916, al poner como inamovible que los toros no muriesen en la arena. Con la saña del bruto que se emborracha de poder, continuó su persecución tildándonos a los taurinos de ser nazis y de poseer una cultura de la muerte, con lo que puso a su adorado García Márquez al nivel de Adolf Eichmann; bloqueó las páginas taurinas en las salas de internet de las bibliotecas y colegios públicos, y empezó a retirar silenciosamente los libros taurinos de las colecciones, donde antes eran referencia obligada (en la Virgilio Barco, alguien con la suficiente intuición había puesto los libros de tauromaquia entre los de cine y teatro -Cháves Nogales entre Beckett y David Borwell-; hoy este orden se ha disipado en la uniformidad). Y cuando todos los afectados económicamente por la abolición le reclamaron, asumió una posición plagada de soberbia al ofrecerles puestos de barrenderos en las calles de la ciudad, nada menos que en su fallido modelo de recolección de basuras. Para la mujer de la tercera edad que vendía botas de vino en la puerta 2 cada domingo, asumir el papel de barrendera en una brutal ciudad como Bogotá, no le reporta ninguna idea de progreso moral.
Los taurinos fuimos sometidos a un expolio cultural que no cesa ni con las puertas echadas. Tuvimos que exiliarnos por dentro, al sentirnos como parias en una ciudad de tradición taurina que apenas congregaba 30 antitaurinos cada domingo, mientras la plaza se llenaba varias veces en la temporada, incluidas las novilladas sin picadores en Agosto, con la plaza a reventar. Señalados, sometidos a la ilegalidad sin previo aviso, excluidos de la oficialidad como subversivos, y despojados de nuestra cultura, tuvimos que ir a otros puntos de Colombia para asistir al rito que define nuestra identidad. Todo esto, mientras marcha una sentencia directa a razón de la Santamaría, donde la Corte Constitucional, de mantener su línea jurisprudencial, emplazará al alcalde para que permita las corridas de toros, pues su velada prohibición es violatoria de leyes, fallos y libertades civiles. De alguna manera, esta persecución que se produce silenciosa y continuamente a espaldas de la ciudadanía debe terminar.
Y aquí viene el tercer aviso: a sabiendas de que la Corte le puede dar un revés, y con destinatario directo, el alcalde se ha propuesto impedir la posibilidad de la tauromaquia en la Santamaría, destruyendo su mobiliario en un antimacondiano proyecto que inhabilitaría los corrales, los burladeros, la terraza con nuestras estatuas, y sometería a la arena al vaivén de los cambios de escenarios y las continuas adaptaciones de tarimas. Aduce además que la plaza presenta fallos estructurales que pondrían en riesgo la vida de los que se asienten en los tendidos, aunque esto no haya sido óbice para llenar la plaza de barristas y animalistas en indistintas ocasiones. En resúmen, lo que pretende el alcalde es destruir la plaza para reforzarla estructuralmente, y luego hacerla sufrir transformaciones varias para que sea un escenario multipropósitos para la música, el arte, la cuentería y el deporte. Sí. Pero la ciudad ya cuenta con galerías públicas, una concha acústica como la media torta, y suficientes parques y kilómetros de ciclovías como para satisfacer los impulsos deportivos de los capitalinos. Si a eso le sumamos que los habitantes de las Torres del Parque y rascacielos circundantes ganaron un pleito que exige ciertos niveles de ruido en la plaza de toros, tendremos que el proyecto del alcalde no sirve para nada. Solo para seguir incordiando a los taurinos.
Como si la ciudad no contase con problemas sociales acuciantes, el alcalde destinará a este proyecto 37.000 millones de pesos (Más de 15 millones de euros), atestando sus propósitos de persecución, que por desgracia dieron ya inicio esta semana: el desmantelamiento del Museo Taurino de Bogotá, denunciado por todos al percatarse de los salones vacíos, y luego las piezas vistas en cajas en un descampado, como señalara un medio de comunicación. Nos quisieron hacer ver que se trataba de un noble intento de restauración, pero a nadie se le ocurre que se desmontan más de 5000 piezas en un solo día dentro de procesos curatoriales serios. Su embalaje, por lo visto, solo puede compararse con el trasteo de fardos en un puerto de noche, por decirlo de manera poco angustiosa. Su intención desde luego no es otra que la de humillarnos más, aniquilando nuestra memoria viva y nuestras reliquias. Reproduce el gesto del obtuso conquistador que quemaba los textos de los habitantes, como método eficaz de aniquilar su historia y su identidad, y de paso, a ellos mismos. Es como si una potencia extranjera decidiera reducir al contenido de unas cajas anónimas todas las piezas del Museo Nacional de Colombia: esa herida simbólica posee muchos agravantes de humillación, despotismo, abuso y estupidez bajo el sucio aguacero del totalitarismo, por usar la expresión de Arendt. Es como si forzaran de la noche a la mañana a un grupo humano abandonar su cultura sin otra opción. Esto desde luego viola los derechos humanos, y vicia el balance que debe existir entre el derecho humano a la cultura y los derechos animales, que ni siquiera nos permiten discutir.
Pero como el toro que se crece ante el castigo, la afición de Bogotá ha despertado, y empieza a moverse de nuevo. El primer gesto es de nuestra novillería, que ha decidido someterse a una huelga de hambre, exigiendo una audiencia con el alcalde, y el subsiguiente cese de la persecución. Si además de calmar su bruta sed de odio contra las familias pudientes de Bogotá, sus actos antitaurinos le reportaban a Petro muchos réditos mediáticos y demagógicos*, él sabe muy bien que la huelga de hambre de los novilleros se puede volver en su contra, al caracterizar el carácter despótico y totalitario del burgomaestre aún más, si cabe.
Contra la dictadura, contra el despotismo cultural e intolerante del alcalde, contra su vejación a nuestra historia y nuestros ancestros, y su afán totalitario de eliminar la minoría que lo sobrepasa, nosotros llenaremos su vacío. Resistiremos.
* En forma de globos de distracción para contrarrestar los cuestionamientos a su discreta gestión al frente de la alcaldía. Cualquiera puede comprobar que cada andanada de cuestionamiento en su contra, es respondida por Petro con una andanada antitaurina para servirse de distracción.
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